Señoras y señores consejeros, accionistas, Sr. Fainé,

Mi nombre es Albert Sales y me dirijo a ustedes en nombre de la Campaña CaixaBank sin armas, impulsada por el Observatorio de la Deuda en la Globalización, el Centro JM Delàs de estudios por la Paz y SETEM.

Me da voz a esta junta la delegación de 45.648 acciones por parte de decenas de accionistas.

La realidad social de Cataluña y del Estado español nos obliga a recordarles que construir la paz no es sólo limitar o erradicar inversiones tan detestables como la participación en el negocio de las armas. Hay muchas maneras de generar violencia. La recesión que la que vivimos, que arraiga en las disfunciones del sector financiero, golpea la realidad cotidiana de muchas familias que viven formas de violencia inaceptables por culpa del sector financiero y de unas políticas públicas a su servicio.

La desarticulación de los mecanismos de protección social bajo el pretexto de la contención del déficit público están arruinando los proyectos de millones de familias. Este banco, como el resto del sector financiero, tiene su parte de responsabilidad en endeudamiento del sector público español. A finales de 2012, sin ir más lejos, CaixaBank compró el Banco de Valencia por 1 euro y recibiendo 4.500 millones de euros de ayudas públicas que se sumaban a los 1.000 que la entidad comprada ya había recibido anteriormente. Además, CaixaBank ha asegurado el negocio, imponiendo unas condiciones de aval público ante posibles impagos durante los próximos 10 años, que han sido vergonzosamente aceptadas por el Estado español. Sin lugar a dudas una operación que se acabará convirtiendo en rentable para esta entidad y para sus accionistas pero no para la ciudadanía que tiene que pagar estas facturas con dinero proveniente de los servicios públicos y de los recortes de los derechos sociales.

Al igual que la deuda pública erosiona la capacidad de reacción de la sociedad ante las emergencias humanitarias que viven muchos ciudadanos, las deudas hipotecarias de las familias se han convertido en un problema social de primer orden que genera formas de violencia intolerables para una sociedad democrática y solidaria. Los desahucios causados por contratos hipotecarios que el Tribunal Superior Europeo ya ha calificado de abusivos están sembrando miseria y tensiones sociales. Hemos tenido que ver como ciudadanos de este país caían en la más absoluta desesperación y se quitaban la vida por haber sido empujados al duro trance de una ejecución hipotecaria. Según la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, Caixabank actúa de la misma forma irresponsable en el drama de los desahucios que el resto de las entidades del sector, desahuciando de forma criminal a familias en Cataluña, pero más intensamente en el resto del Estado español. Señor Fainé qué piensa hacer para que el alma de la caja no esté manchada con este drama social urgente y no desahuciar a ninguna familia más?

Los instamos a apoyar la ILP por la dación en pago ya unirse a la sociedad civil en la demanda de una medida que constituye la única salida posible para masa miles de familias españolas. Dado que la crisis ha demostrado eficazmente que empresas como ésta tienen una influencia en los gobiernos muy superior a las de la ciudadanía corriente, les ofrecemos una gran oportunidad de ser coherentes con los valores que expresan en sus códigos éticos y otros documentos de responsabilidad social empresarial.

Para terminar de cerrar el círculo de despropósitos, este banco se ha mostrado extremadamente beligerante con las críticas, criminalizando la protesta social e iniciando un proceso contra los y las activistas de Ecologistas en Acción que colgaron tres pancartas en la sede central de CaixaBank con los textos «La Caja arrasa el planeta», «Justicia Social y ambiental» y «Libérate de la banca». Los ocho participantes identificados en el despliegue de las pancartas han sido acusados por CaixaBank por «violación de establecimiento abierto al público» a pesar de que no llegaron a entrar en el interior del edificio. La fiscalía pide penas de ocho meses de prisión y ocho meses de multa a razón de 10 euros diarios. En estos momentos, la Audiencia Provincial debe decidir si admite el recurso presentado por Ecologistas en Acción o saca adelante el juicio.

Más de 200 entidades de todo el Estado se han sumado a un manifiesto que pide el archivo de la causa. Entre estas se encuentran los sindicatos mayoritarios, partidos políticos, ONG como Greenpeace o Amigos de la Tierra, movimientos sociales y asambleas del 15M …

Qué pretenden con estas acciones legales totalmente desproporcionadas? Son claramente la parte beneficiada de esta crisis y están haciendo pagar sus excesos a la ciudadanía. También pretenden que nadie se queje? Seguirán insistiendo en presentarse ante el público con su Obra Social mientras ocultan la verdadera naturaleza de sus negocios?

La pobreza y la exclusión social son formas de violencia y propician que se gesten violencias cada vez más intensas. Desde los movimientos que trabajamos por la cultura de la paz y por la justicia social los retamos a que hagan realidad toda la retórica de la responsabilidad social.