Junta de Accionistas del Banco Santander, Santander, 22 de marzo de 2013
Señoras y señores consejeros, accionistas, Sr Botín,
Mi nombre es Albert Sales y me dirijo a ustedes en nombre de la Campaña Banco Santander sin armas, impulsada por el Observatorio de la Deuda en la Globalización, el Centre Delàs de estudios para la Paz y SETEM y en nombre también de la Plataforma para la Auditoria Ciudadana de la Deuda.
Me da voz en esta junta la delegación de 78.084 acciones por parte de decenas de accionistas.
La realidad social del Estado español nos obliga a recordarles que paz no es tan solo la ausencia de guerras. La paz se construye creando las condiciones adecuadas para evitar la violencia. La recesión que que vivimos, que hunde sus raíces en las disfunciones del sector financiero, golpea la realidad cotidiana de muchas familias que viven formas de violencia inaceptables por culpa del sector financiero y de unas políticas públicas a su servicio.
Este banco tiene su parte de responsabilidad en endeudamiento del sector público español y, en consecuencia, tiene su parte de responsabilidad en los recortes de servicios tan esenciales para la cohesión social como la educación, la sanidad o los servicios sociales. Como bien saben, el Banco Central Europeo otorga crédito a bajo interés a las entidades financieras privadas, con el objetivo declarado de garantizar el flujo de crédito a la economía real, es decir, a empresas y familias. Es conocido, por ser un dato público, que el Banco Santander había recibido hasta finales de 2012, 62.608 millones de euros. También puede comprobar cualquier ciudadano o ciudadana que lo desee, que este banco dedicó durante 2011, 41.807 millones de euros a la compra de títulos de deuda pública. Sin duda se trata de un negocio redondo y exento de riesgo por el cual esta entidad habrá obtenido y obtendrá interesantes beneficios.
La Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda, también quiere denunciar que el BSCH, a través de Banesto, recibió ayudas públicas del Estado por 1.301 millones de euros del Fondo de Adquisición de Activos Financieros. Para conseguir estos recursos, el Estado Español se vio obligado a endeudarse, pero fueron los mismos bancos rescatados los que compraron esos títulos de deuda en los mercados financieros ¿Cuanta deuda pública está actualmente en poder del BSCH? ¿Cual es el beneficio acumulado a costa transformar el agujero de sus balances en esa deuda pública ilegítima?
Dadas las circunstancias, proponemos al BSCH que demuestre su compromiso con la cultura de paz y la cohesión social en el Estado español a través de una gestión ejemplar de la deuda pública, renunciando a los beneficios de la deuda ilegítima y apoyando un proceso de auditoría ciudadana de la misma. En este sentido, se hace especialmente importante que tomen en consideración la posibilidad de abandonar definitivamente cualquier inversión en la industria armamentística. El Estado español deberá satisfacer en los próximos años una deuda de 30.000 millones de euros contraída para financiar la adquisición de maquinaria bélica. Un auténtico despropósito si tenemos en cuenta la situación de la inversión social. A pesar de los beneficios que reporta, quizá deberían dejar de colaborar con una industria tan absurda a pesar de
Igual que la deuda pública erosiona la capacidad de reacción de la sociedad frente a las emergencias humanitarias que viven muchos ciudadanos y ciudadanas, las deudas hipotecarias de las familias se han convertido en un problema social de primer orden que genera formas de violencia intolerables para una sociedad democrática y solidaria. Los desahucios causados por contratos hipotecarios que el Tribunal Superior Europeo ya ha calificado de abusivos están sembrando miseria y tensiones sociales. Hemos tenido que ver como ciudadanos y ciudadanas de este país caían en la más absoluta desesperación y se quitaban la vida por haber sido empujados al callejón sin salida de una ejecución hipotecaria.
Instamos al BSCH a apoyar la ILP por la dación en pago y a unirse a la sociedad civil en la demanda de una medida que constituye la única salida posible para demasiados miles de familias españolas. Dado que la crisis ha demostrado eficazmente que empresas como esta tienen una influencia en los gobiernos muy superior a las de la ciudadanía corriente, les ofrecemos una gran oportunidad de ser coherentes con los valores que expresan en sus códigos éticos y demás documentos de responsabilidad social empresarial.
La pobreza y la exclusión social son formas de violencia y propician que se gesten violencias cada vez más intensas. Desde los movimientos que trabajamos por la cultura de la paz y por la justicia social les planteamos un reto: hagan realidad el discurso de la responsabilidad social que tan bien conocen.
Albert Sales i Campos