en condición de cliente/a de CAIXABANK, me dirijo a ustedes para manifestarles mi completo desacuerdo con las políticas de inversión y financiación que vienen desarrollando en empresas de armamento durante los últimos años. Una información que no les viene de nuevo, porque es objeto de denuncia, desde hace más de 10 años, de la Campaña Banca Armada, promovida por el Centre Delàs d'Estudis per la Pau, SETEM, Justícia i Pau, l'Observatori del Deute en la Globalització, FETS, Alternativa Antimilitarista-Movimiento de Objeción de Conciencia, Col·lectiu RETS, la Fundació Novessendes y la Fundación Finanzas Éticas.

Según sus “Principios de actuación de la Política corporativa de relación con el sector de la defensa”, en el apartado 5.3 sobre las exclusiones, establecen textualmente que “ninguna empresa del Grupo proporcionará servicios financieros a [...] empresas que venden armamento a países o grupos que están sujetos al embargo de armas de la Unión Europea, Estados Unidos y/o las Naciones Unidas”. Sin embargo, existen datos contrastables en la base de datos de la banca armada del Centre Delàs d’Estudis per la Pau (http://database.centredelas.org/?lang=es) que demuestran que ustedes no cumplen con su propia normativa. En primer lugar, durante el período 2014-2019, CaixaBank ha financiado empresas de armamento por valor de más de 140 millones de dólares. Y, concretamente, hay documentados al menos siete casos de envíos de material bélico fabricado en España a zonas en conflicto.

Uno de ellos tiene como escenario la República Centroafricana y como protagonista la empresa española de explosivos y proyectiles MAXAM, que ustedes financian. El programa iTrace que lleva a cabo la organización Conflict Armament Research con fondos de la Unión Europea, recoge evidencias gráficas que demuestran la existencia de municiones de pequeño calibre (inferiores a 20 mm) en septiembre de 2014 en el país, cuando el conflicto y el embargo seguían vigentes. Estos hallazgos se produjeron en dependencias de la base militar de M’Poko, a 7 kilómetros de la capital, Bangui, donde se encuentra el aeropuerto internacional, y proceden de dos fabricantes españoles: Nobel Sport España y Maxam Outdoors S.A. En el informe consta que Maxam suministró las municiones a un usuario que aparece como desconocido, pero no ha sido posible determinar la ruta desde este usuario hasta los civiles armados y las milicias anti-Balaka, destinatarios finales de la munición.

Además, este no es el único caso en que se han encontrado municiones de Maxam a zonas en conflicto, después de los hechos ocurridos con Maxam Anadolu en Turquía. ¿Son conscientes de que este banco está financiando un holding empresarial que hace exportaciones a países en conflicto y con embargo de armas?

En segundo lugar, en el año 2019 CaixaBank amplió su horizonte de inversión en empresas de armamento y empezó a ser accionista de Indra, empresa que dedica alrededor del 27% de su producción a desarrollar electrónica militar, simuladores de vuelo y sistemas de tiro y de defensa electrónica que, entre otras cosas, se utilizan para la militarización de fronteras. Una empresa que, además, ya venía financiando Bankia.

Pues bien, resulta que el caso de Indra es muy significativo porque consigue importantes contratos públicos, que consumen grandes cantidades de los presupuestos estatales y europeos.

Estos fondos podrían dedicarse a otras cuestiones, más necesarias, como son la sanidad o la educación. En vez de esto, Indra consigue postularse como un actor de referencia en la industria del desarrollo de la guerra. Prueba de ello es su actual designación por parte del Gobierno español, como coordinadora nacional industrial en el programa europeo de Defensa FCAS (Future Combat Air System), el mayor programa conjunto europeo de defensa hasta el momento o, tal como preferimos llamarlo desde la Campaña Banca Armada, de economía de guerra. INDRA también se lucra con la gestión de las políticas de control fronterizo que vulneran los derechos fundamentales de las personas refugiadas que huyen de territorios en conflicto o que simplemente se ven obligadas a migrar porque no pueden vivir en sus países de origen por culpa del sistema económico que ustedes alimentan. Nadie debería tener que migrar y nadie debería ser nunca considerado “ilegal” ni verse sometido a esa realidad tan lamentable que la Unión Europea sostiene gracias a empresas como Indra en sus fronteras. Así pues, el material militar que fabrica Indra y los objetivos para los que se fabrica, son más que cuestionables. Y hablando de la guerra del Yemen, Indra también ha participado en el Programa de las Corbetas Avante 2200 de Navantia para Arabia Saudí, líder de la coalición, subministrando sistemas de defensa electrónica.

Cada vez hay más accionistas y clientes de este banco que se oponen a su política de inversiones, mientras que ustedes no hacen más que ampliar la cartera de empresas de armamento a las que financian. Por ahora, se desconocen sus planes a largo plazo, pero se puede decir que invertir todavía más en empresas que se lucran gracias al sufrimiento y la guerra, no es el camino. Personalmente, siento una gran incomodidad y un particular disgusto en relación a estas prácticas. Así que hagan un ejercicio de responsabilidad y finalicen su relación con las compañías que se benefician del negocio de la guerra.

Muy cordialmente,