Participan en este vídeo:

Edgard Vega – Miembro del Centre d’Estudis per la Pau Josep Manuel Delàs.

Esther Paulo – Directora de la Fundació Novessendes.

Marie Faye – Presidenta de Diomcoop,cooperativa que busca alternativas dignas a personas vulnerables en situación irregular.

Buenos días señores y señoras accionistas, miembros del consejo de administración, señor presidente.

Mi nombre es Edgard David Vega y les hablo como miembro de la Campaña Banca Armada, promovida por el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, SETEM, Justícia i Pau, l’Observatori del Deute en la Globalització, FETS, Alternativa Antimilitarista-Moviment d’Objecció de Consciència, Col·lectiu RETS y la Fundació Novessendes.

Por cuarto año consecutivo, queremos alzar la voz para denunciar las políticas de inversión y financiación que vienen desarrollando en empresas de armas durante los últimos años. Según los datos que hemos podido obtener, ustedes continúan invirtiendo o concediendo créditos a una serie de empresas vinculadas con el negocio de la guerra, la militarización y securitización de las fronteras y nuestras sociedades.

Hemos podido confirmar que durante el período 2014-2019, su relación con la industria armamentista se ha materializado mediante una suma total de inversiones y financiación que ha ascendido a más de 85 millones de euros.

Concretamente, otorgaron 55 millones de euros en créditos a la empresa MAXAM en 2014, este hecho ya lo denunciamos en los años anteriores que hemos venido a esta junta, pero queremos recordarlo dado que MAXAM, es una de las empresas de explosivos militares más grandes del mundo. Fabrica y exporta todo tipo de explosivos civiles y militares: municiones de mortero, de calibre medio, de artillería y de armas ligeras; granadas subacuáticas; y bombas lapa, entre otros.

Por otro lado, financió con casi 30 millones de euros a INDRA, empresa que dedica alrededor del 27% de su producción a desarrollar electrónica militar, simuladores de vuelo y sistemas de tiro y de defensa electrónica.

Para nosotras, el caso de Indra es un tanto especial, porque consigue grandes contratos públicos, que consumen ingentes cantidades de los presupuestos estatales y europeos. Estos fondos podrían dedicarse a otras cuestiones más necesarias como son la sanidad o la educación. En lugar de ello, Indra consigue postularse como un actor de referencia en esta industria del desarrollo de la guerra. Prueba de ello es su actual designación por parte del Gobierno español como coordinadora nacional industrial en el programa europeo de Defensa FCAS (Future Combat Air System), el mayor programa conjunto europeo de defensa hasta el momento o, tal como preferimos llamarlo nosotras, de economía de guerra. INDRA también ha firmado recientemente contratos para el Suministro de Sistemas de Defensa Electrónica además de los Sistemas IFF CIT-25D para el Programa de las Corbetas Avante 2200 para Arabia Saudí, actual contendiente en la guerra del Yemen y que tiene una monarquía propensa a vulnerar los derechos humanos y, dicho sea de paso, muy amiga de la nuestra.

Pero seguimos manteniendo que el caso de INDRA es especial porque también se lucra con la gestión de las políticas de control fronterizo que vulneran los derechos fundamentales de las personas refugiadas que huyen de territorios en conflicto como el Yemen; o que simplemente se ven obligadas a migrar porque no pueden vivir en sus países de origen por culpa del sistema económico que ustedes alimentan. Nadie debería tener que migrar y nadie debería ser nunca considerado “ilegal” ni verse sometido a esa realidad tan lamentable que la Unión Europea sostiene gracias a empresas como Indra en sus fronteras.

Sr. Presidente y miembros del Consejo de Administración, en su Política de Financiación de Sectores controvertidos figuran dos compromisos al respecto. El primero:

• “No se financiarán operaciones cuyo objetivo sean empresas con vinculación demostrada en la fabricación, distribución o comercialización de armas controvertidas”. Pero señor Goirigolzarri, ¿qué arma no es controvertida? ¿Qué arma es garante de paz?

El segundo:

• “No se financiarán operaciones de empresas de armamento cuyo país de nacionalidad o residencia mantenga conflictos armados o figure en la relación de países sometidos a embargos”. Pero señor Goirigolzarri, ¿qué hay de las empresas nacionales españolas como INDRA y MAXAM que se lucran del negocio de la guerra y de la militarización en las fronteras? ¿Está dispuesto a comprometerse a no financiar más sus proyectos?

Tienen ustedes en sus manos esas decisiones. Sin la financiación de instituciones financieras como Bankia, el 75% de las armas no se podrían fabricar.

Desde la campaña Banca Armada, en nombre de todas las personas accionistas críticas con sus políticas de financiación de la industria de la guerra y en nombre de todas las personas migradas, queremos pedir a Bankia que deje de invertir y financiar este tipo de empresas.

Muchas gracias por escucharnos, esperamos que esta denuncia remueva algo sus conciencias y dejen de pensar únicamente en sus dividendos.